El Gobierno trabaja en la modificación de un Real Decreto
para adaptar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a
la nueva carga de trabajo que asumirán una vez entre en vigor la Ley Orgánica
de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada
en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de enero.
Con la entrada en vigor de esta ley en el mes de abril, se
producirá un aumento de competencias que tendrá lugar en virtud de una
Disposición Transitoria a los nueve meses de su publicación, el 3 de
octubre de 2025, de forma progresiva los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
comenzarán a asumir las competencias en materia de
violencia sexual, delitos de mutilación genital femenina, matrimonio
forzado y acoso con connotación sexual cuando la víctima sea una mujer, un
hecho que ha generado preocupación ante la nueva carga de trabajo y el
anuncio por parte del Gobierno del incremento de la planta judicial sin tener en
cuenta el aumento de los cuerpos generales que dan funcionalidad a cada
Magistrado.
STAJ está reclamando en todos los ámbitos del
territorio nacional el incremento proporcional de funcionarios que deben hacer
efectivas las decisiones de ese 50% de Magistrados que se van a incrementar
tras el anuncio del Ministro de Justicia y especialmente en el ámbito
gestionado por el propio Ministerio de Justicia, al que STAJ continua
reclamando que, como en el resto de ámbitos, se especialice a los funcionarios
que llevarán esta materia con el correspondiente complemento.
Estas manifestaciones del Ministro de Justicia, si no van acompañadas del incremento
de plantilla de funcionarios, demostrarían un absoluto desconocimiento del
funcionamiento de la Administración de Justicia, de la actual y de la futura,
da igual Juzgado que la nueva oficina judicial que dará cobertura a la Sección
de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, ya que sin el
aumento proporcional de funcionarios especializados que hagan efectivas las
decisiones de los Magistrados, el colapso está garantizado, decisión
preocupante que podría suponer el atasco de una jurisdicción de la que depende
la lucha contra esta lacra social y que de no ser eficiente generaría
perjuicios irreparables para muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.
