A continuación publicamos extracto del escrito de queja
presentado por STAJ ante el Defensor del Pueblo con motivo de
la desastrosa gestión que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia
respecto a los procesos selectivos y al concurso de traslados.
Enlace
al escrito completo
AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Nos dirigimos a V.I. para reiterar y poner en su
conocimiento las condiciones laborales a las que los funcionarios de la
Administración de Justicia nos estamos enfrentando en estos últimos años.
Ya nos dirigimos a esa Institución mediante escrito de 6 de
noviembre de 2023 solicitando su amparo a la vista del malestar y perjuicio al
que se nos está sometiendo a los funcionarios de la Administración
anteriormente mencionada. En general la situación lejos de mejorar ha ido
empeorando con continuos retrasos en la resolución de procesos selectivos y
concursos de traslados en los que no se respeta los plazos que se establecen en
la normativa vigente.
De manera más concreta y notoria nos referimos:
1.- Al incumplimiento de la convocatoria del último
concurso de traslados.
El art. 44 de nuestro Reglamento de Ingreso, Provisión de
puestos de trabajo y Promoción profesional del personal funcionario al servicio
de la Administración de Justicia hasta el momento en vigor, RD 1451/20225 de 7
de diciembre establece “El Ministerio de Justicia y los órganos
correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos
convocarán dentro del primer trimestre de cada año natural y en la misma fecha,
concurso de ámbito estatal para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
todo el territorio del Estado, que se ajustará a las normas establecidas en
este reglamento en las bases marco y en las propias convocatorias”.
Pues bien, durante el año 2024 no se convocó
concurso alguno de traslado.
2.- Los procesos selectivos se dilatan en el tiempo
hasta más de dos años.
No se puede defender que los opositores tomen posesión de su
puesto de trabajo hasta dos años después de haberse examinado. No ocurre en
ninguna otra administración. Esta falta de certeza y de previsión supone un
grave perjuicio no solo económico sino también produce en general una clara
desmotivación y un mal funcionamiento de los servicios públicos. La inseguridad
jurídica con la que vivimos y que se traduce en frecuentes y repentinos cambios
de actuación en nuestro ámbito laboral no puede perjudicarnos siempre a
nosotros, si no a quien la promueve, puesto que es la administración quien debe
garantizarla.
La fecha de la convocatoria del proceso de
estabilización consecuencia de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en
diciembre de 2022, hasta la fecha no se ha resuelto retrasando todos los
procesos posteriores. Por poner un ejemplo, la convocatoria de
promoción interna de Orden PJC/104/2024, de 31 de enero (BOE de 12 de febrero)
se ha solapado con la última convocatoria (Orden PJC/1436/2024, de 4 de
diciembre (BOE de 19 de diciembre) sin que sepamos hasta la fecha quienes han
superado este proceso, por lo que los opositores han de seguir estudiando para
la siguiente convocatoria sin saber si han aprobado la primera, con el
correspondiente perjuicio que supone.
La convocatoria de examen fue en junio de 2024 y hasta
hoy no han salido las notas definitivas. No se lleva una actuación de
supervisión a los diferentes tribunales delegados que pueden demorar la
corrección de los exámenes sin límite alguno de tiempo y con continuos errores
en las publicaciones, sin que nadie intervenga en este aspecto, que no solo
constituye una vulneración de nuestros derechos, sino que además evidencia un
claro desinterés y desprecio
